Recomendaciones de Reporteros sin Fronteras

La censura y la vigilancia de Internet tienen una incidencia directa en el ejercicio de los derechos fundamentales. La libertad de expresión en línea facilita el libre debate sobre temas de interés general, así como el desarrollo, el buen gobierno y el respeto de las garantías democráticas. El 5 de julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que los derechos en vigor en el mundo físico también deben ser reconocidos en Internet, independientemente de las fronteras. La resolución “exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

En los hechos, la vigilancia en la Red sigue creciendo. Ésta permite identificar a los internautas y sus contactos, leer su correspondencia, localizarlos. En los países represivos esta vigilancia permite que defensores de los derechos de humanos, periodistas, netciudadanos y otros actores de la sociedad civil sean arrestados y padezcan malos tratos. La lucha por los derechos de humanos vacila en Internet y las prisiones cada vez están más pobladas de disidentes cuyas comunicaciones en la Web fueron interceptadas por las autoridades.

A escala regional e internacional, tanto en la ONU y en la Unión Europea, como en la mayoría de las legislaciones nacionales, el marco jurídico relativo a la vigilancia de Internet, la protección de datos y la exportación de equipo de vigilancia informática está incompleto y es insuficiente respecto a las normas y los estándares internacionales de protección de los derechos de humanos. Desde ahora, es primordial que se adopte un marco jurídico que proteja las libertades en Internet, tanto en lo relativo a la cuestión general de la vigilancia de Internet, como al problema particular de las empresas exportadoras de equipo de vigilancia.

Vigilancia de Internet

 

RSF recuerda que:

● El derecho a la vida privada está reconocido internacionalmente en: la Declaración Universal de Derechos Humanos () (art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 8) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11).

● El informe de Frank LaRue, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, dedicado a la vigilancia de Internet por parte de los Estados, demuestra el impacto que ésta tiene en los derechos de humanos en general y en la libertad de información en particular.

● Los 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos en la vigilancia de las comunicaciones (enlace en inglés) –elaborados por las ONG Access, EFF y Privacy International, con el apoyo de un grupo de expertos internacionales, que buscan crear un marco de referencia para la sociedad civil, las empresas y los Estados, a fin de que la legislación y las prácticas en materia de vigilancia en vigor en cada país respeten los derechos de humanos– recibieron el apoyo de más de 360 organizaciones en 70 países. Es posible apoyarlas en el sitio web thedaywefightback (enlace en inglés).

RSF recomienda

A las Naciones Unidas:

➔ Reflexionar respecto a la creación de un grupo de trabajo sobre las libertades digitales –que forme parte del Consejo de Derechos Humanos– encargado de: reunir toda la información concerniente a las libertades digitales, la vigilancia de Internet, la protección de la vida privada en línea, la censura y otros ataques a las libertades digitales en los países miembros, así como toda la información relativa a los casos individuales de violación de las libertades digitales, y de hacer recomendaciones a los Estados.

A la Unión Europea:

➔ Incluir el libre acceso a Internet y garantizar las libertades digitales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

➔ Integrar la promoción y la protección de la libertad digital en el conjunto de acciones exteriores y de políticas e instrumentos de financiamiento de la Unión Europea, en especial en los programas de desarrollo y de ayuda, como las negociaciones relativas a los Acuerdos de Libre Comercio (ALC).

➔ Condicionar la ayuda al desarrollo al respeto de las libertades digitales.

➔ Insistir en la importancia de la libertad de acceso a Internet y de las libertades digitales en los criterios de adhesión a la UE (Criterios de Copenhague) y reforzar el seguimiento del respeto de estos criterios.

➔ Considerar en las relaciones entre miembros de la UE y con terceros Estados, así como con instancias internacionales, en especial la Organización Mundial del Comercio (OMC), los mecanismos de vigilancia de Internet como mecanismos proteccionistas y barreras de intercambio comercial, y combatirlas como tales.

A los Estados:

➔ Incluir el libre acceso a Internet y el respeto de las libertades digitales en los derechos fundamentales.

➔ Adoptar leyes que garanticen las libertades digitales, en especial la protección de la vida privada y de los datos personales, frente a la intrusión de las fuerzas del orden o de los servicios de inteligencia, e instaurar los recursos jurídicos apropiados para ello.

➔ Garantizar que las medidas de vigilancia de las comunicaciones respeten estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporción conforme al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

➔ Favorecer una mayor transparencia en lo que respecta a las peticiones de vigilancia hechas a las empresas, su número, sus bases legales y sus objetivos.

Empresas y derechos de humanos

Reporteros sin Fronteras ha denunciado en varias ocasiones la colaboración criminal de ciertas empresas de nuevas tecnologías con regímenes autoritarios. Éstas proporcionan a las dictaduras programas de vigilancia de las comunicaciones que permiten a las fuerzas del orden y a los servicios de inteligencia espiar, incluso detener a disidentes y opositores. A finales de febrero de 2014 al menos 167 netciudadanos estaban encarcelados (en el mundo) por sus actividades informativas. Las empresas que colaboran con estos gobiernos deben ser sancionadas y los Estados deben crear legislaciones con las que se pueda controlar la exportación de equipo de vigilancia informática y perseguir a las empresas dedicadas a su comercialización.

RSF recuerda:

● Los Principios rectores sobre las empresas y losderechos de humanos, de las Naciones Unidas, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.

● Las acciones permanentes de RSF ante los Estados y las Naciones Unidas (enlace en inglés: ) y sus diversas intervenciones en el tema de la vigilancia, en particular sucontribución escrita (enlace en inglés) en el segundo Foro de las Naciones Unidas titulado “Business and human rights”, que tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de 2013 en Ginebra.

● La posición que tomó RSF respecto a la exportación de tecnologías de vigilancia europeas en noviembre de 2012 (enlace en inglés).

● Las numerosas alertas y los comunicados de la organización sobre el tema, publicados desde principios de los años 2000 y, en particular, en 2011: “Deben aplicarse sanciones a las empresas que colaboren con las dictaduras”.

● Los informes de diversos órganos e instancias, como el del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, de la ONU, en especial el del 14 de marzo de 2013 y el del 24 de octubre de 2013 «Empresas y derechos humanos: opinión sobre los retos de la aplicación por parte de Francia de los Principios rectores de las Naciones Unidas”, de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH).

● Su compromiso en una coalición internacional, The Cause (Coalition Against Unlawful Vigilancia Exports), contra la exportación ilegal de tecnologías de vigilancia, integrada también por ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Privacy International o Digitale Gesellschaft.

RSF recomienda

A las Naciones Unidas:

Reforzar el mandato del Grupo de Trabajo “Derechos humanos y empresas transnacionales”, habilitándolo para que pueda recibir quejas individuales e investigar casos individuales de violación a los derechos humanos relacionados con las empresas.

➔ Reflexionar sobre la elaboración de un convenio internacional relativo a la responsabilidad de las empresas en materia de derechos de humanos, retomando los Principios Rectores de las Naciones Unidas y profundizando en ellos.

➔ Reflexionar sobre la elaboración de un acuerdo internacional relativo a la exportación de tecnologías de vigilancia de Internet, que permita controlar las exportaciones y el suministro de tecnologías liberticidas y peligrosas para los netciudadanos, instaurando un órgano de vigilancia y supervisión independiente de los Estados que prevea sanciones disuasivas. Este convenio debe establecer reglas que permitan prohibir la exportación de dicho equipo cuando exista un riesgo sustancial de que éste sirva para cometer o facilitar violaciones graves a los derechos de humanos.

A los Estados que forman parte del Acuerdo de Wassenaar sobre el Control de Exportaciones de Armas Convencionales, Bienes y Tecnologías de doble uso: RSF celebra que el Acuerdo de Wassenaar tome en cuenta dos nuevas categorías de tecnologías de vigilancia, que fueron incluidas en la lista de control de bienes y tecnologías de doble uso: los “programas de intrusión” y los “sistemas de vigilancia IP”. Sin embargo, RSF considera oportuno hacer algunas recomendaciones a los Estados que participan en el acuerdo:

➔ Favorecer una mayor transparencia y un mejor acceso de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de derechos de humanos (INDH) a las deliberaciones de la Asamblea Plenaria del acuerdo.

➔ Reflexionar sobre la creación de reglas que impidan la exportación o la transferencia de tecnologías de doble uso a ciertos países, válidas para todos los Estados participantes, de manera uniforme.

➔ Reforzar las obligaciones de los Estados, en particular en materia de vigilancia del respeto de la obligación de notificación que tienen los exportadores.

A la Unión Europea:

➔ Crear a escala europea un mecanismo reforzado de control de exportación de tecnología de vigilancia.

➔ Considerar ciertos sistemas y servicios de interferencia, vigilancia, control e intercepción como bienes de uso único cuya exportación requiere de una autorización previa.

➔ Garantizar la armonización y uniformidad de los procedimientos y las sanciones relativos a la vigilancia y el control de este tipo de tecnología.

A los Estados:

➔ Controlar de manera más rigurosa las exportaciones de equipo de vigilancia de Internet, en especial a zonas de conflicto armado y a los Estados que no respetan las libertades fundamentales.

➔ Enmendar la legislación en vigor y reforzar los recursos legales con:

➢ La introducción de disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las empresas en caso de que colaboren con regímenes culpables de violaciones a los derechos de humanos.

➢ La inscripción en la ley de una obligación para las empresas de “diligencia razonable” en materia de derechos de humanos; ésta debe desembocar en una obligación de vigilancia del Estado que acoja la sede de estas empresas, como garante de sus obligaciones internacionales.

➢ La introducción en la ley –para luchar contra la impunidad y garantizar la efectividad de los mecanismos judiciales nacionales– de una extensión a los derechos de humanos de la excepción al principio de autonomía de las empresas, con el fin de permitir que las sociedades matrices se responsabilicen por los actos cometidos por sus filiales en el extranjero.

➢ La extensión de las competencias extraterritoriales de las jurisdicciones penales nacionales. Éstas deberían ser competentes respecto a ciertos delitos cometidos en el extranjero por una empresa.

A las empresas:

➔ Respetar les derechos de humanos reconocidos internacionalmente.

➔ Adoptar cartas éticas y mecanismos de trazabilidad eficaces.

➔ Crear mecanismos de información y sensibilización de su personal en la temática de los derechos de humanos.

➔ Establecer compromisos para que se respeten los Principios rectores de las Naciones Unidas; en especial, demostrar una diligencia razonable en materia de derechos humanos y transparencia.

➔ Prever mecanismos para resarcir por sus actividades que hayan tenido incidencias negativas en los derechos de humanos.

 

 

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